Ashcroft defiende tácticas antiterroristas

Críticos que dicen que están en riesgo las libertades civiles "sólo ayudan a los terroristas", dice él

Por MICHELLE MITTELSTADT / The Dallas Morning News

WASHINGTON - El jueves, el Procurador General John Ashcroft defendió la constitucionalidad de las tácticas antiterroristas de la administración Bush, acusando a los críticos, con un lenguaje cortes pero desafiante, de ayudar a los terroristas al evocar "fantasmas de la libertad perdida".

"Necesitamos un debate honesto y razonado, y no comerciar con el miedo", él le dijo al Comité Judicial del Senado. Varios Demócratas se han unido a diversas organizaciones que están en pro de los derechos humanos al cuestionar si las libertades civiles han sido pisoteadas en el apresuramiento por luchar contra el terrorismo.

Reprendiendo a los críticos, Ashcroft dijo: "Sus tácticas sólo ayudan a los terroristas, ya que erosionan nuestra unidad nacional y minan nuestra determinación. Ellos les dan municiones a los enemigos y titubeo a los amigos de Norteamérica".

Un comité de Demócratas, apoyados por unos cuantos Republicanos, cuestionaron al Procurador General sobre las bases legales del sistema de tribunales militares que ordenó el Presidente Bush para enjuiciar a los extranjeros sospechosos de terrorismo.

Los Senadores también le preguntaron acerca del sigilo que rodea a cientos de arrestos ocurridos desde el 11 de septiembre y sobre los nuevos poderes que le permiten al Procurador General eludir la revisión judicial y retener a ciertos extranjeros indefinidamente u ordenar el monitoreo de las conversaciones carcelarias con los abogados.

"La Constitución no requiere protección cuando son populares sus garantías, pero si la necesita mucho cuando los eventos nos tientan, sólo en este caso, a ir más allá de ella", dijo el jefe del Comité Judicial Patrick Leahy, Demócrata de Vermont. "La necesidad de supervisión y vigilancia del Congreso no es, como algunos erróneamente lo describieron, para proteger terroristas. Es para protegernos a nosotros, como norteamericanos, y proteger nuestras libertades que tanto apreciamos Uds., yo y todos los demás que estamos en esta habitación".

Durante su aparición de tres horas en una repleta sala de audiencias del Capitolio, Ashcroft rechazó la sugerencia de que algunas de las nuevas medidas antiterroristas afectan las libertades civiles.

"Nuestros esfuerzos se han modelado cuidadosamente para evitar infringir los derechos constitucionales tratando de salvar vidas norteamericanas", él dijo, advirtiendo que los ataques adicionales sobre blancos norteamericanos siguen siendo una amenaza significativa.

"Operativos terroristas infiltran nuestras comunidades, tramando, planeando y esperando para matar otra vez", él dijo, mostrando un manual operacional de al-Qaeda con lecciones sobre cómo evitar la detección, comprar armas y explotar el sistema judicial de Estados Unidos.

‘Escalofriante crónica diaria’

El Procurador General dijo empezar todos los días revisando los reportes de la evaluación de amenazas más recientes. "Estos son una escalofriante crónica diaria sobre como odian a los norteamericanos los fanáticos que buscan extinguir la libertad, esclavizar a las mujeres, corromper la educación y matar norteamericanos dondequiera y cuando ellos pueden hacerlo", él dijo.

Aquellos que critican las políticas implementadas para frustrar nuevos actos de terrorismo están mal informados, dijo Ashcroft.

"Las acusaciones de cortes canguro y de hacer trizas la Constitución le dan un nuevo significado al término ‘neblina de guerra’", él dijo. "Permítanme aprovechar esta oportunidad para ser claro: Todas las acciones del Departamento de Justicia, así como también de las comisiones de crímenes de guerra consideradas por el Presidente y el Departamento de Defensa, están cuidadosamente enfocadas hacia una reducida clase de individuos: los terroristas".

El Senador Rusell Feingold, un Demócrata de Wisconsin que ha criticado la negativa de la administración para proporcionar información detallada sobre los cientos de arrestos efectuados desde el 11 de septiembre, se incomodó por las críticas del Procurador General.

"Él sabe que nosotros somos la verificación y balance crítico del poder ejecutivo", les dijo Feingold a los reporteros durante un descanso. "Por lo que alguna sugerencia de que este proceso es cualquier otra cosa que no sea apropiado es absurda, y el Procurador General sabe eso".

Más tarde, él añadió, "La noción de que la gente no debe discutir libremente y hablar acerca de los valores tradicionales de las libertades civiles y las libertades en este país no tiene sentido para mí. Yo pienso que nosotros debemos estar contra eso".

Voces de preocupación

En un discurso del jueves dirigido a la conferencia de la Liga Nacional de Ciudades efectuada en Atlanta, el presidente de la Asociación Norteamericana de la Barra de Abogados sumó su voz al coro de aquellos que cuestionan las medidas antiterroristas. Robert Hirshon expresó preocupación particular acerca de la orden del presidente de usar tribunales militares, la cual permite realizar juicios secretos.

"Nuestro país tiene que ver con un sistema judicial libre y abierto", dijo Hirshon. "El Talibán estableció Cámaras de Estrellas, ellos realizaron juicios secretos seguidos por ejecuciones públicas... Esto no es lo que apoya Norteamérica".

Los juicios de las cortes militares serían cerrados únicamente en caso de que haya consideraciones de seguridad nacional, dijo Ashcroft. En cuanto a las preocupaciones de que los juicios militares tendrían menores salvaguardias, él dijo: "La orden del Presidente requiere procedimientos judiciales justos y completos".

Ashcroft fue cuestionado reiteradamente acerca de la negativa de su departamento para permitir que el FBI examine si alguno de los detenidos de la investigación del terrorismo compró o trató de comprar armas. El periódico The New York Times reportó el jueves que destacados funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron solicitudes del FBI para usar el Sistema Nacional de Verificación Instantánea para determinar si algunos de los más de 600 detenidos habían tratado de comprar armas.

"Yo estoy un poco confundido. Uds. están buscando nuevas herramientas (para combatir el terrorismo) en todas direcciones", dijo el Senador Charles Schumer, Demócrata de Nueva York. "Pero cuando se trata del área en la que hasta inmigrantes ilegales obtienen armas o determinar si lo hicieron, ésta administración se vuelve tan débil como un fideo húmedo. Y la pregunta es ‘¿Porqué?" y cómo podemos modificar eso.

Ashcroft, un firme defensor de los derechos de poseer armas, dijo que la ley no permite el uso de los sistemas de verificación de antecedentes para ningún otro propósito que no sea el de auditar el sistema.

"Yo creo que el Congreso de los Estados Unidos específicamente ilegaliza y proscribe el uso de la base de datos NICS, y esto es el uso de los registros aprobados de compra para verificar la obtención de armas por posibles terroristas o cualquier otra persona", él dijo. Él vaciló cuando se le preguntó una y otra vez si apoyaría una legislación que ampliara el uso del sistema NICS.

Grupos en pro del control de armas denunciaron la posición del Procurador General, teniendo a varios acusándolo de malinterpretar el estatuto.

Ésta decisión es "prueba de lo que hemos dicho desde que él fue nominado para convertirse en Procurador General: Él está obligado con el cabildo de armeros y les es fiel por encima de los intereses de Estados Unidos", dijo Sarah Brady, titular de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia Armada, anteriormente conocida como Handgun Control Inc.

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