Opción de las cortes militares plantea temas sobre derechos civiles

Cheney defiende al tribunal; otros dicen que éste elude la Constitución

Por TODD J. GILLMAN / The Dallas Morning News

WASHINGTON - Si atrapan a Osama bin Laden, un tribunal militar podría procesarlo en secreto e incluso dictaminar la pena de muerte, perspectiva que desencadenó un feroz debate sobre los derechos civiles.

La noche del martes, el Presidente Bush firmó la orden autorizando ese tipo de procesos para cualquier extranjero sospechoso de terrorismo, citando como precedente la corte militar secreta que en 1942 ordenó la ejecución de saboteadores alemanes.

Quienes lo apoyan afirman que el plan considera la necesidad de seguridad e imparcialidad. Pero los civiles libertarios y algunos expertos legales opinan que la guerra contra el terrorismo está siendo demasiado costosa para los derechos fundamentales.

"No ha habido ninguna declaración formal de guerra y, entretanto, nuestras cortes civiles permanecen abiertas y disponibles para procesar terroristas sospechosos", expresó el Jefe del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy. "Todo esto plantea preguntas sobre si el Presidente puede autorizar legalmente el uso de cortes militares para procesar personas arrestadas aquí".

El demócrata de Vermont expresó consternación porqué no fue consultado el Congreso, sobre todo después de que los legisladores y Bush recientemente elaboraron una ley antiterrorismo que prevé que los terroristas sean procesados en las cortes civiles, no como criminales de guerra. Y, agregó, esto podría colocar en situación peligrosa a los estadounidenses en el extranjero porque es indicativo de que Estados Unidos encuentra "aceptable celebrar juicios secretos y ejecuciones sumarias sin la posibilidad de una revisión judicial".

La administración Bush defendió la orden.

"Consideramos que ésta es la forma apropiada de actuar. Puesto que pensamos que garantiza que a estos individuos les daremos el tipo de trato que creemos merecen", declaró el Vicepresidente Dick Cheney.

Él reconoció que éstos tribunales serían un alejamiento "dramático de la jurisprudencia tradicional de los Estados Unidos".

"La proposición básica aquí, es que alguien que entre ilegalmente a los Estados Unidos, que efectúa un acto terrorista matando a miles de inocentes, hombres, mujeres y niños, no es un combatiente legal", dijo Cheney ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

"No merecen ser tratados como prisioneros de guerra. No merecen las mismas garantías, ni la protección que se utilizaría para un ciudadano estadounidense que sea objeto de un proceso judicial normal. Ellos tendrán un juicio justo, pero será bajo los procedimientos de un tribunal militar y las normas y regulaciones que se establezcan en relación a esto".

Cómo funciona

Bajo la orden autorizada por Bush, derecho que le da su jerarquía de comandante en jefe, cualquier extranjero, en ultramar o en este país – y sin tomar en cuenta si es residente legal de Estados Unidos – podría ser procesado por una corte militar a discreción del Presidente.

La orden promete un juicio "justo y completo", así como el derecho a un abogado, pero no especifica si el acusado podría elegir al abogado. Las evidencias podrían ventilarse en secreto y los acusados no podrían tener el derecho usual de refutarlas.

Los críticos lo calificaron de indignante.

"Considero que esto representa una violación al juramento hecho por el Presidente Bush de proteger la Constitución y creo que promulgarla constituye una ofensa impugnable. Nunca en la historia de Estados Unidos se ha intentado una suspensión de los derechos civiles tan contundente", dijo Michael Tigar, profesor de derecho de la Universidad Americana que representó al acusado de cometer el bombazo de la Ciudad de Oklahoma, Terry Nichols.

"No hay duda de que en varios momentos de la historia norteamericana, han sucedido cosas histéricas", comenta el abogado Tigar. "La pregunta es, ¿Porqué estamos luchando? Pensé que estábamos luchando por preservar una sociedad basada en el respeto a las libertades civiles, incluso de la gente que despreciamos".

Laura Murphy, Directora de la oficina de la Unión de Libertades Civiles Americanas, de Washington, calificó ésta decisión como inaudita en ausencia de una declaración de guerra – e hipócrita dada las protestas que presenta Estados Unidos cuando dichas cortes se usan en el extranjero contra sus ciudadanos.

Previos pasos legales

La orden de Bush fue el último paso legal dado por el gobierno para combatir el terrorismo.

La semana pasada, el Departamento de Justicia autorizó la intervención de conversaciones telefónicas entre algunos reclusos sospechosos y sus abogados. El congreso ha aprobado una legislación que facilita realizar búsquedas, detener sospechosos, intervenir múltiples teléfonos y obtener registros electrónicos. El miércoles, el Departamento de Justicia dijo que desea interrogar a 5 mil personas, en su mayoría de países del Medio Oriente que entraron a Estados Unidos en forma legal en los últimos dos años.

Ruth Wedgwood, profesora de la Facultad de Derecho de Yale, especialista en derecho constitucional, ex fiscal federal y experta en legislación internacional, afirmó que los tribunales están justificados por varias razones, incluyendo la necesidad de proteger tanto la información secreta como a los informadores.

También dijo que muchas evidencias que probablemente se utilice contra un terrorista no sería admisible en la mayoría de las cortes. "Mucho de lo que vamos a tener es confiable, pero técnicamente de oídas".

Una tercera razón es su utilidad práctica. "Si usted encuentra a 100 personas en una cueva de Afganistán, no será seguro ni práctico traerlos a una corte federal de Dallas para el juicio", agregó.

Jonathan Lurie, profesor de la Universidad de Rutgers y autor de libros de jurisprudencia militar, señaló que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno recluyó civiles japoneses y realizó otras acciones que hubieran sido inconcebibles en tiempos de paz.

"Éstos no son tiempos normales y en esos tiempos hacemos cosas que ordinariamente no haríamos", comentó el Dr. Lurie. "En algún momento se tiene que comprender que esta clase de personas nos quieren matar y destruir; y cruzarnos de brazos y exigir un proceso justo podría ser imprudente. Por otro lado, ciertamente no debe incitarse... un linchamiento".

Las cortes podrían rechazar la apelación

Eugene Fidell, Presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, organización no lucrativo, el cual no está tomando partido acerca de la legalidad o capacidad intelectual de los tribunales en este caso, dijo no estar seguro que nadie más que el acusado pudiera impugnar la orden de Bush en la corte. Incluso entonces, no es evidente qué corte aceptaría tal apelación.

Según dicha orden, los veredictos sólo se pueden apelar ante el Departamento de Defensa o el presidente. Algunos expertos creen que eso podría violar los acuerdos de la Convención de Ginebra, que les otorgan a los prisioneros de guerra el mismo derecho de apelación que a los miembros de las fuerzas armadas de un país en un consejo de guerra.

"Éstas son cuestiones significativas en las que existe una excepción de la norma", señaló Fidell.

Los juicios, no sólo podrían permanecer alejados del público, sino que es posible que los procesos de las cortes nunca sean sometidos a escrutinio. Se podría arrestar, acusar, procesar y ejecutar a los sospechosos sin que nadie lo supiera.

"En aspectos importantes, las medidas fundamentales de protección que asociamos con un proceso delictivo se han hecho a un lado", manifestó Fidell. "Y si el asunto vale la pena, eso es una cuestión diferente".

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